Casic Ciudadanos Asociados Parla

INTRODUCCIÓN

La adquisición de una vivienda digna por parte de los ciudadanos se configura en nuestro ordenamiento como un Derecho fundamental reconocido explícitamente en el art. 47 de la Constitución integrador del derecho a la dignidad de la persona y al desarrollo de la vida familiar recogidos en los arts 9, 10 y 39 del mismo texto.



Asimismo el art. 33 del propio texto constitucional integra el derecho a la propiedad privada, que viene a recoger una de las fuentes tradicionales de generación de riqueza de nuestra tradición histórica. Asimismo la obligación de los poderes públicos en cuanto a la promoción por parte de estos de las condiciones que garanticen y promuevan el ejercicio de tales derechos.



A tal fin, el acceso a la propiedad de la vivienda digna en la que se desarrolla el núcleo personal y familiar, se ha venido generalizando y posibilitando, gracias a la intervención de las entidades financieras que han encontrado una forma de expansión y negocio en el préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de viviendas.



La situación de bonanza económica ha hecho frecuente la utilización de tal figura jurídica por la que, a bajos tipos de interés y con unos ingresos medio-bajos, los ciudadanos podían aspirar a la adquisición de su propia vivienda familiar.



Sin embargo, una excesiva confianza por parte de los propietarios y de las propias entidades financieras a la hora de evaluar los riesgos reales del caso concreto, han hecho que se obtengan créditos sobre cantidades y expectativas de futuro que no se atengan a lo admisible en términos de razonabilidad.



Asimismo, en situaciones de crisis económica, históricamente se ha generado la imposibilidad personal de asunción del pago de las cuotas hipotecarias, ante pérdida de empleo, o incrementos desmesurados de los tipos de interés aplicables a las mismas.



Hasta ahora, la solución jurídica frente a dicho impago, no ha sido otra que la ejecución de la garantía hipotecaria, lo que conlleva a la pérdida real de la propiedad de la vivienda, así como el endeudamiento de la familia, en muchos caso de por vida, convirtiendo a las entidades bancarias en auténticas “macro inmobiliarias”.



Dicha solución no es satisfactoria ni a los intereses generales de potenciar el acceso a la propiedad de la vivienda familiar como correlativo del derecho a la vivienda digna antedicho, ni para las entidades financieras que pierden la posibilidad de tener dinero en circulación y perdiendo capacidad patrimonial ante situaciones de devaluación de los inmuebles adquiridos en el procedimiento judicial hipotecario y saturación del mercado inmobiliario con una progresiva depreciación del valor de los inmuebles.



MISION

Con esta situación nace la Asociación: Ciudadanos Asociados para la Sensibilización e Información al Consumo. CASIC, en el año 2009, en el municipio de Parla de la Comunidad de Madrid, como respuesta a la situación de crisis económica de familias de este municipio de los municipios vecinos, promovida por los diferentes profesionales liberados del ámbito financiero y jurídico con el ánimo de dar la suficiente información y asesoría personalizada en la problemática del sobre-endeudamiento familiar . En los últimos años, hemos asistido a una crisis financiera que ha afectado, también la estructura productiva, generando paro laboral, en una situación de sobreendeudamiento en la población con hipotecas impagables, que ha llevado a situaciones de quiebra familiar y que ha afectado particularmente a la población inmigrante en proporciones poco conocidas por los poderes públicos, dada la desregulación del sector financiero, lo que provocó la reacción y reivindicación de esta población en demanda de soluciones, en la conformación de una plataforma que reivindica el derecho a la vivienda, demandando negociación y nuevas condiciones de hipotecas, logrando finalmente acuerdos con los diferentes bancos y cajas de ahorro del sistema financiero, para la renegociación de las condiciones en las que se contrato el crédito hipotecario.



Estas hipotecas impagables se han convertido en un problema muy relevante para el sistema financiero y para las familias afectadas, por lo que el gobierno aprobó medidas que pretenden atenderlo, sin embargo el deterioro de las situaciones está llevando a que la dación en pago sea una de las alternativas a un sobreendeudamiento insostenible con grandes consecuencias negativas para dichas familias en los diferentes aspectos: económicos, sociales, salud mental, relación con la familia y el entorno.



Las actuaciones que se proponen para desarrollar en el municipio de Toledo se refieren a la atención de situación de sobreendeudamiento y manejo de la misma por parte de los y las vecinas que la padezcan, además de unas determinadas acciones encaminadas a la prevención, sensibilización e información al consumismo propuesto por el sistema de producción en el que estamos inmersos.